A través de los recursos contenciosos-administrativos, la legislación actual nos permite presentar demandas ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Estas demandas expresan nuestra objeción legalmente fundamentada respecto a una decisión de una entidad gubernamental.
Cualquier resolución administrativa definitiva puede ser impugnada, y el tribunal

correspondiente dependerá de la entidad emisora de dicha resolución. Esto puede incluir los Juzgados de lo contencioso administrativo de la provincia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma o la Audiencia Nacional.
Es importante diferenciar la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Derecho
Administrativo. Este último establece las reglas para las relaciones entre individuos y entidades gubernamentales, permitiendo la presentación de recursos administrativos únicamente en el ámbito administrativo entre la Administración y los ciudadanos.

Desde el principio, es esencial brindar asesoramiento adecuado al cliente, enfocándose en los recursos de reposición y alzada en esta vía para buscar una resolución favorable sin recurrir a la vía judicial, lo que puede ahorrar tiempo y dinero. En caso necesario, aseguramos que estos recursos estén debidamente encaminados desde el inicio para garantizar un proceso judicial exitoso.